Desde el 2 de agosto tu agente tiene que decir que es una IA: quién responde si tú lo montas y el cliente lo explota

El apartado 1 es el que afecta a cualquiera que monte un agente conversacional. Va dirigido a los proveedores del sistema y dice lo siguiente, en el texto oficial en español:

El apartado 2 obliga a marcar en un formato legible por máquina el contenido sintético de audio, imagen, vídeo o texto, de modo que pueda detectarse que ha sido generado artificialmente. El audio está expresamente dentro, así que un agente de voz entra por partida doble: por el aviso hablado del apartado 1 y por el marcado técnico del apartado 2. El apartado 3 obliga al responsable del despliegue a informar cuando use reconocimiento de emociones o categorización biométrica. El apartado 4 le obliga a revelar los deepfakes y los textos de interés público generados con IA, con una excepción importante: no se aplica cuando el contenido ha pasado revisión humana o control editorial y alguien asume la responsabilidad editorial de la publicación. El apartado 5 fija el momento y la forma: la información debe darse de manera clara y distinguible, a más tardar en la primera interacción o exposición. Y el apartado 6 cierra la puerta al atajo de siempre: cumplir el artículo 50 no exime del capítulo III ni de otras obligaciones de transparencia del Derecho de la Unión o nacional. El RGPD sigue donde estaba.

Sobre las consecuencias: el artículo 99 sitúa el incumplimiento de las obligaciones de transparencia del artículo 50 en el tramo de multas de hasta 15.000.000 de euros o hasta el 3 % del volumen de negocios anual mundial total del ejercicio anterior, la cuantía que sea mayor. Ahora el matiz que casi nadie escribe y que cambia la conversación con un cliente pyme: para pequeñas y medianas empresas y empresas emergentes, el propio artículo 99 aplica el límite menor de los dos, no el mayor. Y las multas las imponen las autoridades nacionales conforme al régimen que establezca cada Estado miembro, no la Comisión.

Para interpretar todo esto hay dos documentos que conviene tener a mano y que no son lo mismo. Las Directrices de la Comisión sobre la transparencia del contenido generado por IA, adoptadas en julio de 2026, y el Código de Buenas Prácticas de junio de 2026. El Código es voluntario, según confirma AESIA. Pero no adherirse no exime de nada: según las Directrices, quien no se adhiera tendrá que demostrar el cumplimiento del marcado y el etiquetado por medios alternativos equivalentemente adecuados. Es decir, o firmas el Código o te toca justificar tú solo que lo que haces vale igual.

Circularon en prensa cifras de tres y seis meses para ese periodo transitorio. La buena es el 2 de diciembre de 2026.

El Reglamento razona con dos figuras: proveedor y responsable del despliegue. AESIA lo resume de forma limpia: el proveedor diseña el sistema para que se sepa que es IA y marca las salidas; el responsable del despliegue informa en reconocimiento de emociones y biometría y etiqueta deepfakes y textos de interés público sin revisión humana. Todo lo que se ha publicado estos días razona con esa matriz binaria y da por supuesto que detrás hay una sola empresa.

Tu cadena tiene tres eslabones. La plataforma que provee el sistema. Tú, que lo configuras, le escribes el guion, lo conectas a los canales y lo entregas con la marca de tu cliente o con la tuya. Y el negocio final, que lo explota y responde delante de sus usuarios. Ninguna de las fuentes oficiales consultadas resuelve dónde cae cada figura en un montaje de marca blanca, y desconfía de cualquier blog que te lo resuelva en un párrafo: eso es una calificación jurídica, no un consejo de implementación.

Lo que sí se puede hacer, y es lo que de verdad te ahorra el disgusto, es dejar de discutir la etiqueta y ocuparte de que el aviso exista, funcione y sobreviva. Los tres modos de fallo que se repiten en un montaje de tres partes son estos:

Y aquí un caso que ilustra bien hacia dónde van los criterios, aunque no sea aplicable en España. En febrero de 2024, el Civil Resolution Tribunal de la Columbia Británica, un tribunal canadiense de reclamaciones de cuantía menor, condenó a Air Canada a pagar a un pasajero 812,02 dólares canadienses (650,88 de daños, más intereses y tasas) por la información errónea que le dio el chatbot de su web. El tribunal resumió la postura de la aerolínea diciendo que, en la práctica, venía a sostener que el chatbot era una entidad separada responsable de sus propios actos, calificó ese planteamiento de notable y lo rechazó: el chatbot es parte de la web y la empresa responde de toda la información que hay en ella, venga de una página estática o de un chat. El detalle más incómodo es que el chatbot enlazaba a la página correcta y aun así hubo condena, porque el tribunal no aceptó que el cliente tuviera que contrastar una parte de la web con otra. No es jurisprudencia española ni un precedente que obligue aquí, pero marca el sentido común hacia el que se está yendo: quien pone el agente responde de lo que dice.

La AEPD, en su infografía de recomendaciones dirigida a usuarios, avisa de que no hay garantías de que la información proporcionada por un chatbot sea correcta y de que, según el sistema, puede producir daño emocional, desinformación o inducir a engaño. Va dirigida al ciudadano, no a las empresas, pero leída del revés es exactamente la lista de lo que cualquier agencia debería estar ofreciendo: identificación clara del responsable del tratamiento, información de protección de datos con referencia al RGPD, vía para ejercer derechos y explicación de si el sistema sigue aprendiendo de las conversaciones.

• La plataforma no da un sitio fijo donde poner el avisoSi el único lugar donde vive el aviso es el prompt, cualquiera que edite el prompt puede borrarlo sin darse cuenta.
• El cliente lo elimina al ajustar el tonoEl caso más frecuente. El negocio quiere que suene más cercano, reescribe la apertura y el aviso desaparece. Nadie se entera hasta que alguien pregunta.
• Nadie revisa el aviso cuando se abre un canal nuevoEl agente se lanzó en WhatsApp con el aviso puesto, y tres meses después el cliente lo enchufa a Instagram y a una línea de voz copiando solo el bloque de respuestas.

Esto es lo que de verdad se pide cuando alguien busca esta obligación: el texto. Abajo van seis versiones cortas, una por situación. Están escritas para que quepan en una plantilla de WhatsApp sin comerse el mensaje, y para que en voz se locuten sin sonar a aviso legal de compañía telefónica.

Los tres momentos de la última fila no son un capricho: la propia política de Meta apunta al inicio de la conversación, al reanudar tras un lapso significativo de tiempo y al pasar de humano a automático como los puntos en los que informar. Es un buen mapa de dónde repetir el aviso sin convertirlo en una muletilla en cada turno.

Y lo que no vale, por orden de frecuencia. No vale llamarlo asistente virtual y quedarse ahí: virtual no significa IA, y hace quince años un asistente virtual era una persona en otro país. No vale ponerlo en el pie de la web, porque quien escribe por WhatsApp no ha pasado por la web. No vale enterrarlo en la política de privacidad. Y no vale un párrafo de sesenta palabras con referencias al Reglamento: la información tiene que ser clara y distinguible, y un ladrillo que nadie lee no es ninguna de las dos cosas. Si tu agente arranca desde un prompt, el aviso pertenece al bloque fijo de identidad, no al de tono; en la guía de prompt para un agente de atención al cliente está el sitio exacto donde ponerlo.

La excepción existe y está en el propio apartado 1, pero viene con una lista de adjetivos que casi todos los resúmenes recortan. No basta con que sea evidente para cualquiera: el texto habla de una persona física razonablemente informada, atenta y perspicaz, y añade que hay que tener en cuenta las circunstancias y el contexto de utilización. Si vas a citarla, cítala entera o no la cites.

La Comisión, en su FAQ sobre las obligaciones de transparencia del artículo 50, sostiene que la excepción debe interpretarse de forma restrictiva y que el criterio es el de una persona media razonablemente informada, circunspecta y observadora. Eso es interpretación de la Comisión, no articulado, pero es la interpretación con la que trabajará una autoridad nacional.

Traducido a tu día a día: que el agente se llame Asistente de [Negocio] no lo hace evidente. Que responda rápido y bien tampoco; al contrario, cuanto mejor funciona, menos evidente es. Un usuario que escribe a la clínica a las 23:40 y recibe respuesta en dos segundos puede perfectamente pensar que hay alguien de guardia. Y en voz, con una síntesis decente, la evidencia es todavía menor.

El argumento económico es más contundente que el jurídico. Cumplir cuesta una frase de doce palabras en el arranque. Apoyarse en la excepción cuesta tener que sostener, si un día alguien pregunta, por qué considerabas que era evidente en ese canal, con ese guion y con ese usuario. Una frase contra un dictamen. No hay debate.

Aquí toca ser honestos con el alcance de esta verificación: el ámbito territorial lo fija el artículo 2 del Reglamento y no lo hemos leído línea a línea, así que no vamos a afirmar quién queda dentro y quién fuera. Lo que sí puede decirse sin riesgo es que la pregunta no se resuelve mirando dónde está la sede del negocio de tu cliente, y que dar por hecho que no aplica porque la empresa está en Bogotá o en Ciudad de México mientras el agente atiende a usuarios que están en España es, como poco, una apuesta cara.

Hay un reflejo que ya tienes interiorizado por el lado de los costes y que sirve de analogía exacta. En WhatsApp, la tarifa de un mensaje depende del prefijo telefónico del país del número que lo recibe, no del país de la empresa que lo envía: España, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú tienen tarifa propia, y el resto de países latinoamericanos caen en una región común. Llevas tiempo mirando al destinatario y no a la sede para calcular lo que te cuesta un mensaje. Con la transparencia conviene el mismo reflejo.

Y luego está el argumento práctico, que gana casi siempre. Si el mismo agente, con el mismo guion, atiende a clientes de dos continentes desde el mismo número, no vas a mantener dos versiones del arranque ni a bifurcar el flujo por prefijo para ahorrarte doce palabras. Para las jurisdicciones fuera de la UE hay normas locales de transparencia que no hemos verificado aquí y que cambian de un país a otro. Poner el aviso siempre te sale más barato que auditar cada mercado.

Un artículo que solo diga que hay que cumplir es un folleto. Estos son los casos en los que esto no te toca, o no te toca todavía, y también aquel en el que estarías haciendo trabajo de más:

• Si lo que has montado no es un sistema de IAUn árbol de botones con respuestas escritas a mano no es lo mismo que un modelo generando texto. La calificación como sistema de IA a efectos del Reglamento no la resuelve este artículo y depende de la definición del artículo 3, pero el supuesto es distinto y merece consultarse antes de asumir que estás dentro.
• El marcado técnico, si tu sistema es anterior a hoySi el sistema ya estaba introducido en el mercado antes del 2 de agosto de 2026, la obligación de marcado legible por máquina del apartado 2 no se te exige hasta el 2 de diciembre de 2026. El aviso del apartado 1 sí, desde hoy.
• El bloque de alto riesgo, que no empieza hoyEl Ómnibus aplazó los sistemas del anexo III al 2 de diciembre de 2027 y los del anexo I al 2 de agosto de 2028. Decir que hoy se aplica el Reglamento entero es el error que se está repitiendo esta semana en las dos direcciones.
• El Código de Buenas Prácticas, que es voluntarioNadie te obliga a adherirte. Pero no adherirse no exime: tocará demostrar el cumplimiento del marcado y el etiquetado por medios alternativos equivalentemente adecuados. Voluntario no significa gratis.
• Cuando el agente solo hace de porteroSi recoge nombre y teléfono y pasa a una persona en tres mensajes, no necesitas un bloque legal de sesenta palabras. Necesitas una frase. El exceso aquí no protege a nadie: sube el abandono en el primer mensaje y el usuario no lo lee igual.

Lo que no deja de aplicarte en ninguno de esos casos: el RGPD, que va por su cuenta, y el propio apartado 6 del artículo 50, que recuerda que cumplir con la transparencia no exime del capítulo III ni de otras obligaciones de transparencia del Derecho de la Unión o nacional. Y en voz, si operas en España, la parte de numeración es independiente de todo esto: se cumple igual con un agente de IA que con un teleoperador.